Defensa afirma MP hace acusaciones Chu Vásquez antes de llegar Odebrecht al país

 SANTO DOMINGO.- “No hay nada que me incrimine”, insistió este martes el expresidente del Senado, Jesús Vásquez Martínez, quien sostuvo que “sin ser citado en las delaciones premiadas”, fue incluido en la acusación sobre soborno presentada por la Procuraduría General de la Republica, mientras, su defensa Técnica, afirmó que todas las pruebas aportadas por el Ministerio Público en su acusación contra el extitular de la Cámara Alta, no fueron “cotejadas debidamente ni en tiempo ni espacio”, ya que las mismas fueron computadas anexando 9 años “cuando este ya no era legislador”.
Puso como ejemplo las 14 exoneraciones adquiridas por Chu Vásquez en sus 11 años como legislador, las cuales les correspondían por ley y “fueron sumadas como pruebas de enriquecimiento ilícito fruto de sobornos de la Odebrecht”.
Antes de llegar la Odebrecht al país ya Jesús Vásquez era ganadero y el Ministerio Público muestra como pruebas de lavado las ventas de coco, leche y arroz, precisó su defensa.
Jorge Luis Polanco, principal abogado de la barra de la defensa de Vásquez Martínez, también presentó ante el Tribunal certificaciones de las actividades productivas del excongresista de la provincia María Trinidad Sánchez.
Polanco dijo que el Ministerio Público en su acusación hace “una incoherente comparación de los bienes de Jesús Vásquez ya que en su mayoría no se corresponden con los años de aprobación de las obras que construyó Odebrecht”.
Interpone recurso a decisión impide procurador y director DGII testifiquen
La defensa del expresidente del Senado, Jesús Chu Vásquez, interpuso un recurso de oposición frente a la decisión del juez Francisco Ortega Polanco, al no permitir que el procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, y el director de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), Magín Díaz, se presenten como testigos del caso.
La defensa integrada por los juristas Jorge Luis Polanco, Jorge López Hilario y Manuel Conde, afirmaron que la decisión del magistrado viola el derecho de defensa contemplado en el artículo 69 de la Constitución, y en lo establecido en artículo 300 del Código Procesal Penal.

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