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Marcha Verde exige salida de Odebrecht y anulación contrato Punta Catalina

PERAVIA- Desde las inmediaciones de las plantas a carbón de Punta Catalina, la coordinación de la Marcha Verde en la provincia Peravia exigió este domingo la anulación inmediata del contrato firmado entre el Gobierno del presidente Danilo Medina y la Odebrecht para la construir las generadoras, así como la expulsión del territorio nacional de la multinacional mafiosa.
Después de recorrer en caravana los principales sectores de Baní y de trasladarse hasta la zona de Punta Catalina, los manifestantes proclamaron que las plantas pueden ser terminadas por una empresa que no sea delincuente como Odebrecht, y deben ser transformadas para que utilicen gas natural y no el altamente contaminante carbón mineral.
En el manifiesto de la actividad, el movimiento declaró nulo el acuerdo de cooperación entre la Procuraduría General de la República y Odebrecht, exigiendo que los ejecutivos de la empresa sean procesados penalmente, por considerar que a más de ocho meses de que admitiera el pago  de más de 92 millones de dólares en sobornos, aseguran, el procurador Jean Alain es incapaz de presentar las pruebas convenidas, “con lo cual queda claro que el objetivo del acuerdo era ocultar las sobrevaluaciones que sirvieron de base a la financiación política ilegal y garantizar impunidad para la constructora y sus cómplices”.
“Objetamos la corrupción y la contaminación, no las plantas. Los grupos de Baní han sido los primeros en proponer desde el inicio de la construcción ilegal sin estudios ambientales del proyecto Punta Catalina, que el mismo fuera realizado a gas natural para disminuir los impactos contaminantes”, se indica en el documento.
Igualmente, la Marcha Verde Peravia declaró nulo el contrato de arrendamiento de los terrenos sobre los que se han levantado las plantas (ENFITEUSIS), por entender que es irregular y favorece a la familia Vicini, sin aclarar la participación de este grupo económico en la propiedad de las plantas.  En el manifiesto se demanda que los terrenos se declaren de utilidad pública y que se investiguen las denuncias de que Vicini se apoderó de manera fraudulenta de la parcela 137 del Distrito Catastral no. 2 (DC-2) de Baní, donde hoy se construyen las generadoras, cuyos antiguos propietarios eran el señor Luis Octavio Castillo y sus herederos.
“Punta Catalina es el cuerpo del delito. Es el fango más grande del lodazal de la corrupción e impunidad, que embarran, degradan la convivencia en nuestra sociedad y oprimen las ansias de bienestar de nuestra población”, enfatiza la proclama. 

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